En junio de 1940 el Juzgado de Pola de Lena codena a los concejales de la última Corporación democrática al pago de 5.000 cada uno más las costas. Algunos como Florentino Rodríguez Palacios estaban muertos desde hacía años –en su caso asesinado el 23 de septiembre de 1936- y serán sus herederos quienes carguen con el pago determinado en la sentencia. El denunciante fue el alcalde fascista de Aller Faustino Fernández Gutiérrez que no buscaba otra cosa que arruinar más aún moral y materialmente a los concejales demócratas y a sus familias, para que de ningún modo pudieran reivindicarse descendientes de los mismos. Lo curioso es que no sea un juicio penal –no hubo delito alguno- sino un juicio civil –de menor cuantía- por las supuestas deudas generadas durante el Gobierno de la Corporación democrática. Se ven incursos en tal sentencia: Eduardo Miranda (primer Alcalde republicano en 1931- 1932);León González Díaz (industrial),; José Ramón Moro Somonte (minero); Aurelio Bernardo Requejo (minero); José Saavedra Zapico (minero); María López Londeiro (esposa del Alcalde Florentino R. Palacios desde 1932 a 1936), Antonio R. Palacios (industrial), Gerardo R. Palacios (maestro de obras), Secundino R. Palacios, Pilar y María R. Palacios (asistidas de sus maridos Guillermo Fernández Palacios y José Carcedo Antuña) –todos ellos herederos que son de Florentino R. Palacios; Arcadio González Secades (Juana García Díaz y sus hijos Ramón y María Luisa González García (herederos); todos ellos declarados en rebeldía y representados por los “extrados”, y José Prieto Suárez, jornalero. Algunos ya habían sido asesinados y otros fusilados después de ser juzgados por un "Piquete de Verdugos" en un mal llamado Consejo de Guerra.
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