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miércoles, 6 de abril de 2011

215 facciosos en el Concejo de Aller

El Gobierno de Asturias (Frente de Popular), con el poder legítimo delegado por el Gobierno Constitucional Republicano, dispuso el 9 de enero de 1938 (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia) que se procediera a incautar los bienes y propiedades de los alleranos declarados FACCIOSOS, y que se habían puesto al servicio de los militares facistas sublevados el 17 de julio de 1936.

Si ponemos atención a los nombres que integran esta lista publicada en "Avance" el 10 de enero de 1938, observamos a  los Pidal y  Bernaldo de Quirós (integrantes de la  cutre nobleza asturiana y caciques de Asturias con propiedades en Aller, que no pisaban nunca, mientras la explotación se hacía en el régimen de comuña); marqués de Campo Sagrado; a personajillos cuya actividad política se había vinculado siempre a la derecha caciquil del concejo, Tiburcio Díaz Monje, de Bóo ( a quien se le verá dominar en procesiones y eventos fascistas una vez que ganan la guerra); al inefable cura de Cabañaquinta Ramón Campal, cura fascista que se había fugado y volvió durante la "dominación roja" para instalarse en casa de sus sobrinas, con el fin de escapar a León; Juan Gárate, nombrado ilegalmente alcade de Aller en noviembre de 1934 hasta febrero de 1936 (familia muy conocida por su implicación con el fascismo allerano); José Hevia, también Alcalde durante la Dictadura de Primo de Rivera y luego connivente con el fascismo participando en la comisiones municipales que dirigiera el otro alcalde fascista, Faustino Fernández Gutiérrez ("Faustinón"); los falangistas José Lillo, Genaro Fernández Blanco; de Levinco, una de la familia Figar, emparentada con el falsario "canónigo" Arturo Alvarez, Carmen Fernández G. Figar, caciques de Cabañaquinta; el facista José Amat Lázaro, de Moreda; Leoncio Bernaldo de Quirós, de Moreda; el médico facista (miembro en 1936 de la CEDA) José Ramón Cerviño; la familia del falangista Vicente Madera Peña (jefe de Falange en Moreda en diciembre de 1937), Adolfo y Luz Madera Peña. para cocluir el listado con dos sujetos que estaban implicados en actividades subersivas ya en la primavera de 1936, los hermanos Juan y José García de la Vega Ruiz, uno juez municipal de Cabañaquinta, y el otro intructor de "bandas de Falange", que en sesión secreta en el Ayuntamiento fueron denunciadas por los vecino en la primavera de 1936.
He aquí una parte del elenco de sujetos de la derecha allerana y de los facistas que con posterioridad a octubre de 1937 protagonizaron los más execrables crímenes en el concejo de Aller. Muchos de estos nombres permanecen aún en la memoria de los familiares de los rerpesaliados por el fascismo.

miércoles, 9 de marzo de 2011

La legitimidad del Gobierno republicano para reprimir a terroristas

La sublevación militar fascista dio al traste con las estructuras institucionales, pues la sublevación armada y terrorista de Aranda y Caballero, así como de la Guardia Civil y militares en Gijón (Simancas); los actos terroristas el mismo sábado 18 de julio en el Concejo de Aller, donde una docena de falangistas -entre los que estaba un maestro de Pola de Lena- subieron hasta Pelúgano donde se encontraron con la familia "Rivotas" que repelieron el ataque terrorista; la carencia de fuerza pública dado que se habían sublevado y estaban con Aranda en Oviedo; la deserción de los concejales de derechas, aunque no todos; la preventiva acción contra los terroristas de Acción Popular, JAP, y FE de las JONS, impuso la creación de Comités Locales en cada pueblo, todos ellos coordinados por el Comité del Frente Popular de Aller donde se hallaban los partidos democráticos  (que habían ganado las elecciones de Febrero de 1936). La represión de "derechistas" (monárquicos de Renovación Española, Falangistas, Requetés, cedistas, etc) que conspiraban abierta o subrepticiamente contra el régimen constitucional, o que  habían abandonado sus domicilios para unirse a las tropas de los facciosos en León, obligó al Gobierno Constitucional a dictar normas legales -ratificadas todas ellas en la Cortes de Valencia- para impedir que los bienes de los cómplices con la sublevación militar sirvieran a la causa de los facciosos.
El Gobierno Constitucional institucionalizó la presidencia del Comité del Frente Popular en Asturias, nombrando un Gobernador General para Asturias y León, a quien se le concedieron -como en la actualidad- poderes suficientes en determinadas materias, entre ellas el orden público y el gobierno de los concejos.
La legitimidad de las normas legales del Comité Provincial del Frente Popular -así como de los Alcaldes- venía dada por las urnas el 16  de febrero de 1936. (Quienes carecían de toda legitimidad eran los militares y los terroristas que los acompañaban en sus acciones criminales)
En cada Concejo se creó un COMITÉ DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA DEMOCRATICA Y CONSTITUCIONAL, cuyas atribuciones las fijó en su momento el Gobierno de la República y ratificadas por el Gobernador General de la República para Asturias y León.
El Boletín Oficial en su edición del 15 de octubre de 1936 (Gijón) deja muy claro cuáles son las medidas que se han de de tomar en determinados asuntos de la vida cotidiana, y en cuanto a las incautaciones a los facciosos -establecidas por el Gobierno de la República- añade, sin ambages, las terribles sanciones que recaerían sobre quienes vulneraran las normas.